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Conclusiones de las Jornadas de Málaga:

Conclusiones de las Jornadas de Málaga:

   Esta jornada, cuyo antecedente se encuentra en el Manifiesto por la Unidad del Notariado, que fue capaz de reunir en un tiempo record más de 1200 firmas, ha tenido una motivación muy clara: estamos viviendo unos tiempos críticos para el presente y el futuro del Notariado. Por razones de tipo político de carácter coyuntural, pero también económicas y sociales más generales, tanto nacionales como europeas, el notario de a pie tiene la sensación, más o menos justificada, de que nuestros órganos corporativos no están a la altura. Ya sea por razones personales o estructurales, o quizás por una mezcla de ambas, en cualquier caso piensa que no se está haciendo lo suficiente desde el Consejo General del Notariado. Es por eso que un grupo reducido de notarios (los organizadores de estas Jornadas) ha querido convocar a un conjunto más amplio de notarios ,los 236 aquí presentes, para debatir si esta impresión es o no correcta. Y en el caso de serlo qué podemos hacer al respecto.

   En la jornada de la mañana se ha reflexionado sobre si esta intuición compartida de que atravesamos una situación crítica es real o exagerada. A tal fin se han debatido algunas de las amenazas mas claras a corto plazo:

  1.    La amenaza registral concretada, al menos, en la actuación de algunos de sus representantes, que con el fin de garantizarse la conservación de un estatuto profesional que en Europa se desconoce, está dispuesta a modificar por la puerta de atrás nuestro sistema mercantil e inmobiliario de seguridad jurídica preventiva, utilizando a tal fin sus influencias en la Dirección General de los Registros y en general en el Gobierno.
  2.    La amenaza de que la contratación financiera y bancaria y la proveniente de los grandes despachos puede suponer sobre el factor clave de la imparcialidad en algunos notarios. No hay que olvidar que, aunque sean una completa minoría, el daño mediático que supone una actuación incorrecta para el prestigio de la profesión puede tener un alcance devastador en los tiempos que corren.
  3.    La amenaza judicial, que sobre la base de un desconocimiento de la utilidad y del sentido de nuestra función, lleva socavando demasiado tiempo los pilares sobre los que se asienta el documento público notarial, sin que, por otra parte, haya supuesto la más mínima ayuda en el ámbito disciplinario.
  4.    La amenaza derivada de otros agentes que actúan en el tráfico económico (abogados y gestores) que ven en los esfuerzos de adaptación del Notariado a los tiempos que corren (arbitraje, mediación, jurisdicción voluntaria, tramitación telemática) una amenaza a su estatus, volcándose en consecuencia en minar nuestra función.
  5.    La amenaza de un regulador en unas ocasiones ignorante y, en otras, ventajista. Ignorante, en cuanto desconoce el sentido de sus propias instituciones, que no defiende adecuadamente pese al enorme valor que suponen para el interés general; y ventajista, en cuanto se fija únicamente en el provecho a corto plazo de algunos de sus efectos (información fiscal, blanqueo de capitales, información estadística, etc.) sin proteger en absoluto los fundamentos que los hacen posibles.
  6.    La amenaza económica que para muchas notarías supone no alcanzar una mínima rentabilidad que garantice su subsistencia y la correcta prestación de la función. Conocemos el caso de países en los que los mayores peligros para la subsistencia de la función notarial han venido por esta vía.
  7.    La amenaza derivada de las corrientes liberalizadoras mal entendidas y/o superficiales, utilizadas habitualmente de manera torticera por agentes interesados que, sin estudiar la materia de forma científica, ponen en cuestión algunos de los pilares clásicos de la imparcialidad notarial, como la demarcación, el arancel y la condición pública del notario, así como la utilidad de su función.
  8.    Y, por último, el fracaso a la hora de exigir desde los Colegios a los notarios "free-riders" u oportunistas, el riguroso cumplimiento de los deberes reglamentarios, sin que las medidas disciplinarias se hayan revelado suficientemente disuasorias, con el efecto desmoralizador que todo ello produce y el daño potencial al prestigio colectivo de la institución.

   Ha quedado constancia de la realidad y gravedad de estas amenazas, que ponen en cuestión la propia subsistencia de la función. Pero lo cierto es que el Notariado tiene sobrada capacidad de reacción para revertirlas y demostrar en todos los frentes su enorme potencialidad de servicio en beneficio de la sociedad. Sin embargo, necesitamos imperiosamente un plan, una estrategia global. A medida que se han ido debatiendo las diferentes cuestiones se han ido apuntando posibles soluciones, que se irán publicando en la página web de las Jornadas, pero sintéticamente podemos destacar algunas:

  1.    Ofrecer a la sociedad un sistema coherente de seguridad jurídica preventiva que potencie al máximo las virtudes de la intervención notarial. Anticipar el asesoramiento notarial a una fase anterior al otorgamiento de la escritura, instando la adopción de las medidas regulatorias pertinentes. Extender el principio del turno a ciertos documentos “de riesgo” para el correcto desempeño de la función pero, especialmente, para su imagen (certificaciones de saldo, cancelaciones). Actuación colectiva a través de instrumentos adecuados para potenciar nuestra labor de asesoramiento y control de legalidad en red, pero que sean verdaderamente ambiciosos y efectivos. Apuesta decidida por la nuevas tecnologías para salir al paso de los retos y amenazas descritas. Es imprescindible además fortalecer la condición del notario como autoridad pública.
  2.    La vinculación entre concepción de la función notarial y régimen disciplinario es evidente, de ahí su extraordinaria importancia. Es necesario mucho mayor activismo colegial. Es precisa también una regulación más adecuada, que permita entre otras cosas sancionar los atentados a la forma de prestar la función aunque no se produzca un perjuicio individualizado, y crear unos esquemas de inspección más ágiles. Se debe establecer un sistema de inspecciones periódicas en aplicación de un plan general de inspección, y fomentar la profesionalización y especialización de los notarios encargados de realizarlas.
  3.    La reforma del arancel es ineludible, está desfasado y genera incentivos perversos. Es imprescindible explicar y demostrar nuestra idoneidad para asumir nuevas funciones (jurisdicción voluntaria, mediación, arbitraje). Se debe asimismo atajar el problema de la concentración documental, especialmente en el ámbito bancario. Deben gestionarse nuestros recursos escasos por parte de nuestros órganos corporativos de manera mucho más eficiente.

   Todas estas soluciones deben articularse en una estrategia única, lo que demanda un fuerte activismo por parte de nuestros entes corporativos, que hasta la actualidad se ha manifestado insuficiente. Se ha ido generando en los últimos años una impresión en la sociedad de que el Notariado está acabado, de que está dando las últimas bocanadas. De que estamos condenados a mendigar nuestra subsistencia, al menos por un poquito más de tiempo, a base de índices únicos y OCPs. La falta de una reacción seria a esas amenazas, y la falta de propuestas ilusionantes que pongan en valor el documento notarial en la sociedad tecnológica del siglo XXI, son las principales responsables.

   Consideramos que esta impresión, que por nuestra dejadez hemos contribuido a extender, es absolutamente injusta. Hoy más que nunca, en una sociedad en la que abundan los desequilibrios informativos y la complejidad en la contratación, el Notariado puede y debe prestar una gran función económica y social. Pero para ello no podemos permanecer inactivos ni un minuto más. La jornada de la tarde se ha volcado en revisar la actuación anterior, y qué hay que hacer para revertir esa situación.

   La jornada de tarde ha llegado a la conclusión de que el problema que atenaza a nuestro Consejo General del Notariado, que es el institucionalmente llamado a liderar esta reacción y estas propuestas, es estructural. No descansa en la mayor o menor idoneidad de las personas llamadas a cumplir tareas corporativas, sino en su forma de organización y funcionamiento. Así lo demuestra la historia reciente del Consejo, con su carácter silente, sus golpes palaciegos, su defectuosa asignación de los recursos económicos disponibles, la ausencia clara de asignación y exigencia de responsabilidades, la falta de transparencia y participación, etc. Es necesario modificar el sistema de funcionamiento del Consejo con el fin de lograr un triple objetivo:

  1.    Homogeneidad del equipo directivo, legitimado por un sistema de elección directa, que garantice simultáneamente la eficacia y la responsabilidad. En la actualidad, da la impresión de que no manda nadie y de que, por tanto, nadie es responsable. No se define una estrategia porque resulta complicadísimo llegar a acuerdos en el seno del órgano. La solución a estos problemas se inventó hace varios siglos con la democracia representativa: las estrategias se exponen al conjunto del cuerpo electoral y éste elige al que defiende la que más le guste, dotándole simultáneamente de los medios para llevarla a cabo. Es evidente y fácil de diseñar. Las propuestas discutidas a tal fin se publicarán en la página web de las Jornadas.
  2.    Transparencia. Tres mil notarios mayores de edad deben tener a su disposición mucha más información de la que disponen en la actualidad sobre el funcionamiento y los costes del Consejo General del Notariado y de sus entidades dependientes, especialmente de ANCERT. No tiene sentido que, como regla general, los acuerdos del Consejo sean secretos. La información no se debe filtrar a cuenta gotas, como si fuéramos enemigos de la institución, sino que debe ponerse a disposición de todos a través de medios seguros que permitan enjuiciar la gestión de nuestros representantes en todas esas entidades. Establecer de manera generosa la transparencia en el Consejo y en los Colegios es un medio idóneo para disciplinar la actuación de nuestros representantes, pero también de los propios notarios. Y como corolario de lo anterior.
  3.    Participación. Tres mil notarios mayores de edad deben tener a su disposición la posibilidad de participar de manera mucho más activa en las decisiones fundamentales que nos afectan. Exigimos medios de democracia directa que pasen no solo por designar directamente a nuestros representantes, lo que debería darse por supuesto, sino también a la hora de adoptar decisiones estructurales que resulten de importancia para la profesión. Si los ciudadanos suizos o californianos pueden hacerlo, no entendemos que se niegue esa posibilidad a tres mil profesionales altamente cualificados cuando se dispone de medios electrónicos suficientes para ello.

   Mientras estas reformas se diseñan y ejecutan es imprescindible que el Consejo General del Notariado se contagie desde ahora mismo de su espíritu, con la finalidad, por un lado, de priorizar una gestión unificada y eficiente de cara a atender los retos inmediatos y, de otro, de no adoptar decisiones trascendentes sin consultar directamente a todos los notarios. En cualquier caso, si los decanos demuestran su incapacidad para hacerlo, las Jornadas les solicitan que actúen en consecuencia y que todos ellos presenten su dimisión inmediata e irrevocable.

   En CONCLUSIÓN, los notarios reunidos en Málaga consideramos que las graves amenazas que se ciernen sobre la profesión pueden convertirse en grandes oportunidades, en beneficio de la sociedad española, siempre que se proceda a una completa restructuración de nuestro marco organizativo y representativo, por lo que emplazamos al Consejo General del Notariado a convocar un Congreso Nacional del Notariado español para que se celebre antes de fin de año, con la finalidad de:

  1.    Definir el plan estratégico a seguir por la institución para los próximos años.
  2.    Definir el diseño del órgano de representación que debe pilotarlo.

   Ese Congreso debe convocarse con completa transparencia y ampliando al máximo las bases de participación desde los mismos Colegios notariales, con la finalidad de que pueda adoptarse una decisión definitiva que cuente con el apoyo democrático de la mayoría del Notariado.

   En el caso de que el Consejo no proceda a convocarlo en los términos indicados, estas Jornadas solicitan la colaboración de todos los notarios españoles y de cualesquiera plataformas existentes en la actualidad que les sirvan de expresión, para que se proceda a articular esa iniciativa y realizar, tanto los trabajos preparatorios, como esa convocatoria en el futuro. Asimismo, se acuerda remitir estas conclusiones a todos los notarios españoles con el fin de recabar de forma expresa (evitando así que su silencio pueda ser malinterpretado) su adhesión o rechazo a las mismas.

En Málaga, a 29 de marzo de 2014.